Por Lic. Magali Sequeira
Hace ya muchos años, cuando iniciaba mi carrera profesional, mi visión del mundo económico era estrictamente técnica: rentabilidad, externalidades, eficiencia. Las personas, en ese marco, eran factores de producción. Las “comunidades” se pensaban como receptoras pasivas del famoso efecto derrame, y la palabra “asistencialismo” estaba demasiado presente en el discurso sobre los territorios.
Un ensayo titulado Comiendo papas fritas baratas (Apple, M.W.) me fue sugerido por antiguos compañeros de trabajo. Aquel texto, aparentemente simple, plantó la semilla de una duda profunda: ¿puede haber desarrollo económico si no se traduce en bienestar para las personas que habitan los territorios?
Puerto Deseado, mi ciudad natal, es testigo nuevamente de esta tensión entre éxito macroeconómico y descontento social. Ubicada sobre la costa atlántica de Santa Cruz, con uno de los puertos más activos del país, ha vivido durante décadas al ritmo de la pesca y la logística. Pero mientras los barcos entran y salen, y las estadísticas celebran toneladas exportadas y millones en valores FOB, las voces del pueblo repiten una frase lapidaria: “la estamos viendo pasar”.
Esa desconexión entre la riqueza que fluye y el bienestar que no llega se convirtió en pregunta urgente en 2007, cuando un conflicto social sin precedentes —la quema de las pesqueras— sacudió Deseado. Las tensiones laborales se transformaron también en crisis política, y el Estado recién intervino cuando la mecha ya estaba encendida. En ese contexto, asumí como Secretaria de Programación Económica en el municipio, y mi perspectiva cambió. Descubrí que sin Desarrollo Endógeno, sin personas en el centro de la ecuación, todo modelo económico está condenado a reproducir desigualdades y pérdida de competitividad para las empresas, ante mercados e inversores que comenzaron a reconfigurarse demandando mayores prácticas de Responsabilidad Social.
Hoy, en 2025, un nuevo conflicto se extiende a las ciudades pesqueras /portuarias: Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado vuelven a ser escenario de disputa; tres Comunidades que se encuentran mirando a un horizonte sin barcos, sin trabajo, con economías recalentadas por la crisis económica esperando el comunicado oficial que diga que las partes llegaron a un acuerdo.
Esta vez, los reclamos provienen del sector empresario, que demanda revisar componentes salariales en nombre de la competitividad. Llevamos meses sin resolución. Y nuevamente, comunidades enteras —trabajadores, empresas pesqueras (menos concentradas, con menor poder de influencia y negociación), pymes, municipios sufren las consecuencias de una confrontación cuya raíz es estructural.
No se trata de señalar culpables. Los empresarios no son villanos, los trabajadores no son victimarios. Pero mientras discutimos salarios en una macro economía que necesita dólares con urgencia, lo que está en juego es mucho más profundo.
Volver al ensayo que motivó estas reflexiones es pertinente. Comer papas fritas baratas no es sólo una metáfora de un sistema de desigualdad; es una invitación a repensar el modelo productivo desde la sostenibilidad social y ambiental, y desde la generación de valor social compartido. No podemos seguir postergando decisiones clave ni mirar para otro lado mientras las comunidades siguen sintiendo que están “viendo pasar” su propio futuro. Aquí debemos pensar en ecuaciones de éxito compartido para construir alianzas sólidas que lleven a obtener los resultados esperados.
Hoy tengo más respuestas que preguntas, pero eso no me exime de seguir preguntando. Tal vez el verdadero progreso esté en volver a hacernos las preguntas incómodas. Y en escucharnos las veces que sean necesarias.