En Santa Cruz, la minería atraviesa un momento de discusión profunda.  La reciente implementación de la Ley 90/10 que exige una participación mayoritaria de trabajadores y proveedores locales surge como resultado de un proceso de reconfiguración del vínculo entre el Estado, Empresas y Comunidades del Territorio.  

Tras meses de tensión inmersos en un escenario de una economía incierta se produjeron reuniones que continuan llevando a los actores de la economía local a resultados “cero”. En materia de empleo, compre local y desarrollo de proveedores el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y los proveedores santacruceños rompen el diálogo vía las relaciones institucionales y llevan la discusión a la escena pública para su visualización y alcance con impacto social. Quizás, esta sea una salida de escape rápido en un escenario con una profunda crisis económica y de sustentabilidad empresaria para elevar la voz fuera de las fronteras del Estado Nacional para llegar a los grupos inversores, corporativos y mercados internacionales. 

También, es cierto que el mundo empresario no puede hacerse cargo de los avatares económicos y de la crisis de estabilidad legal que se plantean en el territorio, por las coyunturas propias de los contextos globales, propias de las políticas nacionales. Pero, si podemos con certeza afirmar que este nuevo escenario plantea desafíos técnicos, políticos y sociales, al tiempo que también ¿Porque no? abre una ventana de oportunidad para consolidar un Modelo Minero con arraigo territorial, transparencia institucional y Licencia Social Activa. 

En este contexto, actores como CAPROMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz) y el Gobierno Provincial buscan ser escuchados para articular consensos que permitan transformar la lógica extractiva en una plataforma que permita crecer y desarrollarse de la “mano con los grandes”.

Repasemos la historia del núcleo productivo de la minería metalífera de oro y plata en Santa Cruz

Antes de avanzar en el análisis, es necesario repasar brevemente los antecedentes de la radicación de la industria minera en la provincia:

En el área de influencia directa a la localidad de Puerto San Julián y Tres Cerros la producción minera data del año 1998 con su entrada en producción de Proyecto Cerro Vanguardia.

Por su parte, en Perito Moreno inicia con la entrada en producción por el año 2007 de los Proyectos San José – Huevos Verdes. Continúa con Proyecto Lomada de Leiva en el 2012 (actualmente se encuentra en etapa de cierre), Proyecto Cap. Oeste en 2016 y Proyecto Cerro Negro el cual inició en 2014.

En el área de influencia directa a la Comunidad de Gobernador Gregores la minería comienza su relato con Mina Martha que estuvo en producción entre 2005 y 2012; posteriormente con el inicio y entrada en producción del Proyecto Manantial Espejo entre 2008 cerrando definitivamente sus operaciones en el 2024.

En el área de influencia directa de Puerto Deseado, con el Proyecto Cerro Moro, iniciando su producción en 2018; y, en el área de influencia directa a Jaramillo, Fitz Roy y Tres Cerros el Proyecto Calandrias que cuenta con permiso de explotación desde 2023 y Proyecto Don Nicolás el cual inicia en 2025 con la primera voladura para abrir el portal subterráneo.

¿Coincidencia o pacto social implícito?

La convergencia entre CAPROMISA y el gobierno provincial sugiere un cambio de paradigma: la minería como motor de desarrollo local con inclusión efectiva y real de los santacruceños. Este enfoque busca revertir años de concentración y convertir los recursos naturales “no renovables” en oportunidades para las Comunidades que habitan los territorios. 

Como dijo un “big man” de la minería y gran conocedor del territorio patagónico “contamos con la materia prima para la economía global del futuro. Pero tenerlos en el subsuelo no es suficiente”. 

Entonces podemos preguntarnos, ¿Cómo puede el liderazgo público-privado consolidar un modelo de gobernanza minera que garantice sostenibilidad, transparencia y valor territorial compartido?

Sostenibilidad versus Eficiencia Económica 

En un documento público, el presidente electo de CAPROMISA y su nueva comisión directiva enviaron un mensaje contundente a las operadoras mineras:

“Hoy no venimos a imponer, sino a construir. A escuchar, a proponer, a acordar. Porque el futuro de la minería en Santa Cruz no se define en los escritorios, sino en el territorio.”

Este llamado al diálogo contrasta con las quejas cotidianas que emergen en charlas informales entre empresarios pymes y comerciantes locales, quienes denuncian haber sido víctimas de un “manoseo institucional”. Muchos relatan experiencias frustrantes en licitaciones fallidas, exigencias de estándares desconocidos —por falta de comunicación— y respuestas desconectadas de la realidad territorial. En algunos casos, se les ha planteado que el desarrollo de proveedores locales consiste en formar agricultores de frutillas, bajo la premisa de que la industria minera debe dejar alternativas productivas como legado. Esta visión, aunque bien intencionada, revela una desconexión entre el discurso de sostenibilidad y las verdaderas capacidades del entorno.

Estas tensiones se enmarcan en un contexto donde comienza a instalarse el concepto de “deuda social de la minería”, lo que o que genera un impacto transversal en toda la industria, pero especialmente en las inversiones de exploración. Estas se ven atrapadas en un vacío institucional, sin reglas claras ni una gobernanza efectiva que garantice previsibilidad y gestión responsable por parte de los principales actores.

La sostenibilidad, en muchos casos, queda reducida a declaraciones formales, mientras que en la práctica corporativa prevalece la urgencia por cumplir metas de corto plazo, reducir costos y maximizar eficiencia económica. Ante conflictos emergentes, la respuesta suele ser coyuntural, sectorial y reactiva. Como se dice en la jerga: “muerto el perro, muerta la rabia.”

Durante años, la minería en Santa Cruz se desarrolló bajo esta lógica tradicional: maximización de rentabilidad, concentración de decisiones en grandes operadores y escasa participación local. Si bien este modelo permitió el crecimiento del sector, dejó sin resolver tensiones estructurales como: Baja integración de proveedores santacruceños, débil licencia social en comunidades cercanas, falta de transparencia en la información pública, impactos ambientales con escaso monitoreo comunitario. 

¿Qué está en juego en Santa Cruz?

La sostenibilidad en Santa Cruz no debe entenderse únicamente como un valor ético o filantrópico: es una estrategia de gobernanza inteligente, orientada a generar estabilidad institucional, legitimidad social y desarrollo económico duradero. Si se logra consolidar un Nuevo Pacto Minero —basado en inclusión territorial, transparencia y corresponsabilidad— la provincia tiene el potencial de convertirse en un referente nacional en minería sostenible.

En materia de atracción de inversiones, Santa Cruz no compite directamente con mercados internacionales: compite con otras provincias argentinas que también buscan posicionarse como destinos confiables, eficientes y socialmente aceptados para el desarrollo minero. En este escenario, la calidad institucional, la previsibilidad normativa y la capacidad de generar valor local son los verdaderos factores de competitividad.

Por Lic. Magali Sequeira