El desarrollo minero en la Patagonia enfrenta un desafío que va más allá de lo geológico: la planificación y la responsabilidad de gestión empresaria para cuándo se agoten los recursos naturales que se explotan. Conectar la historia de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera) en Sierra Grande, Río Negro con el cese de Manantial Espejo en Gobernador Gregores, Santa Cruz demuestra que la minería debe operar como un multiplicador de oportunidades y resiliencia comunitaria.
Es decir, una localidad debe prosperar tanto con la mina en marcha como tras su cierre.
Dos épocas diferentes, un mismo espejo
La clausura de HIPASAM en los años 90 expuso el riesgo de los «pueblos-empresa». Depender de un único actor provocó un quiebre estructural que tomó décadas revertir.
En el otro reflejo tenemos a Gobernador Gregores en una historia más reciente,el cierre de Manantial Espejo operado por la operadora Pan American Silver confirma que, aún con estándares modernos de remediación, la vulnerabilidad local quedó expuesta porque la matriz económica nunca se diversificó y la promesa política de sostenibilidad quedó en eso, una promesa.
Esto nos demuestra que el impacto real de la minería no se mide solo en su época de mayores esplendores como es en la construcción y en la producción, sino en la solidez de la Comunidad que queda en el territorio tras el fin del ciclo de los minerales.
Responsabilidad pública y gobernanza institucional
Estos escenarios no son argumentos contra la actividad ni las operadoras, sino un llamado técnico a la responsabilidad de las autoridades político – institucionales elegidas mediante el sistema democrático, las de hoy, las de ayer y las de mañana.
La minería genera una ventana de oportunidad temporal que el Estado debiera ser capaz de canalizar estratégicamente.
Los recursos estratégicos del Fondo UNIRSE y los fideicomisos municipales (en Santa Cruz) gestionados a la cabeza por los gobiernos provinciales y municipales no pueden desviarse hacia compra de leña, camiones de recolección de residuos, compra de carteles temáticos para el concejo agrario provincial, camionetas para funcionarios, constitución de plazos fijos para generar renta extraordinaria, construcción de gimnasios, programas de castraciones de mascotas, etc. Su función principal debiera ser financiar infraestructuras productivas y de apoyo a los servicios de largo plazo (conectividad, nodos logísticos, etc.), y programas de fortalecimiento del capital humano local.
Por otra parte, las PyMEs de servicios mineros deben ser apoyadas e impulsadas a alcanzar estándares internacionales. El objetivo es que logren autonomía técnica para exportar conocimientos y servicios a los nuevos proyectos que se gestan en el País y en el vecino, ¿Por qué no?
Asimismo, la minería moderna exige trasparencia. La falta de acceso a datos públicos y la opacidad en el destino de los fondos fideicomitidos debilitan la confianza social e impiden auditar si la renta del subsuelo se traduce en desarrollo sostenible o en un simple alivio presupuestario transitorio.
Conclusión: Gestionar la minería para el futuro
La minería actual tiene la capacidad técnica de dejar una huella positiva en la Patagonia. Sin embargo, el presente de Gobernador Gregores y la memoria histórica de HIPASAM en Sierra Grande trazan un paralelismo idéntico: la responsabilidad del «día después» no se agota con cumplir los manuales corporativos de remediación ambiental, planes de cierre o exigencias provinciales.
Ambos casos demuestran que la desconexión entre el retiro de una empresa y la preparación del territorio genera quiebres estructurales que toman décadas revertir. La riqueza del subsuelo debe transformarse en infraestructura social y económica tangible antes del fin del ciclo extractivo.
El verdadero éxito de la sostenibilidad social radica en la capacidad de los liderazgos políticos y las relaciones comunitarias para auditar y exigir que la transición deje capacidades técnicas reales, PyMEs locales autónomas e infraestructura activa. Solo cuando las comunidades locales adquieren una estructura independiente de las corporaciones, garantizan su verdadera soberanía para continuar su propio camino de desarrollo.
Ante todo, lo expuesto, queda re preguntarse ¿Qué están planificando las autoridades de Puerto Deseado ante el desafío del próximo cierre de minas, considerando que la operación está en manos de la misma corporación transnacional que ejecutó la salida en Gobernador Gregores?
¿Ejerce la Legislatura de Santa Cruz su rol constitucional de auditar el uso y la aplicación estratégica de los fondos UNIRSE? ¿O acaso para el propio Diputado por Pueblo de Puerto Deseado —quien habiendo presidido la Comisión de Recursos Naturales, Minería y Energía sostiene que el impacto minero nunca llegó a verse en Deseado— la única salida viable es formalizar de manera urgente la mesa de discusión que ahora propone?
Por Lic. Magalí Sequeira. Co fundadora SC Governance
Experta en Relaciones con las comunidades y gobernanza participativa – Industrias extractivas, sostenibilidad y desarrollo local en la Patagonia Austral